El Perú necesita reformas y una
de ellas debe empezar por cerrar la brecha de infraestructura. Importantes
obras públicas de interés nacional deben realizarse a la brevedad. Hay dinero,
empresas están dispuestas a invertir, los gobiernos regionales se muestran
deseosos por llevar a cabo tales obras: ¿Qué ocurre? Un llamativo debate en las
últimas semanas dio luces al respecto. Aquí un relato del suceso.
Primer round:
Gonzalo Prialé, primer
vicepresidente de la Confiep, era entrevistado por el diario Gestión. Ingeniero
Civil e interesado por temas de infraestructura –no por nada es presidente de
la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN)-, exponía
sus puntos de vista sobre obras públicas y modos de invertir en ellas. Las
cifras respaldaban su interés por ponerse, literalmente, manos a la obra: un
estudio que encargó su asociación a ESAN
y a la Universidad Pacífico daba cuenta de un déficit de estructura de
US$ 88, 000 millones, siendo Energía y Transporte (US$ 32,987 y US$ 20,935, respectivamente)
los que más necesitan del cierre.
Hay tres formas de inversión:
pública, privada y público-privada, mejor conocida esta última como
asociaciones público privadas (APP). Prialé estima que ante obras de pequeña
envergadura mejor es que se den las inversiones públicas. Ya cuando la obra
abarca mayores dimensiones las APP son las más indicadas.
El problema, según dice Prialé,
gira en torno a que los proyectos de inmediata realización son cofinanciados
(por el Estado). Estos necesitan de una aprobación que muchas veces es
accidentada y esto le genera inacción al Gobierno. Muestra de ello es el
reglamento a las iniciativas privadas cofinanciadas (IPC), muy trabado en su
diseño y que demanda pronta corrección. Aquí empieza el detonante del intercambio
de palabras, constructivo por lo demás.
Los IPC están a cargo de
Proinversión. Esta institución ha demostrado lentitud y estancamiento en muchas
de sus labores. Aunque está legitimada para ello, dificulta que intervenga
cuando existen IPC regionales. En este camino, Prialé se vuelve defensor de la
regionalización: que los mismos gobiernos regionales se encarguen de ello. Ante
la fundada inquisición sobre la ineficacia de los gobiernos subnacionales,
Prialé sabe atajarla: “La empresa interesada debe encargarse del estudio y
dejárselo a la decisión del gobierno regional. El estudio estará bien hecho, de
lo contrario se incurrirá en pérdidas”. Hay que tomar esto con pinzas. El
recuerdo del EIA de Conga está fresco. La idea de Prialé es perfectible, los
entes fiscalizadores deben estar despiertos.
Segundo Round:
Javier Illescas, director
ejecutivo de Proinversión, reacciona. En una columna del mismo medio con fecha
05/04/13, esta reclama las razones por las que su institución es reconocida
como tal, o sea, por ser lenta.
“Somos lentos porque los procesos
así lo son”, parece decir. Tengamos en cuenta esto: procesos de concesión en
líneas de transmisión son de 6 meses y en carreteras 9 meses. Otros como la
Línea 2 del metro subterráneo o el Gasoducto del Sur, ejemplos citados por
Illescas, y con los que pretende sostener la larga duración de la laboriosidad
de su entidad, duran en función al contrato, dijo, resignado, Illescas. “Ok,
duran mucho, pero ya no es mi culpa”, piensa. También aquejado por que se señala
a Proinversión como falta de empoderamiento, Illescas rescata la Ley de
Presupuesto del 2013, la cual creará un Comité Especial que formule o reformule
proyectos. “En cuanto este sea creado, todavía deberíamos adecuarnos a este
largo proceso de reforma”, comenta sin sobresalto alguno. “¿Que no tenemos
Norte? ¡Están equivocados!”, refuta un Illescas alarmado. Los cuantiosos
procesos adjudicados como APP y sus montos vinculados de inversión, así como el
reconocimiento internacional por la ejecutoria de Proinversión y su marco legal
desbaratan la teoría de la pérdida de brújula, se responde presuroso. Por
último, Illescas describe el proceso por el que pasan los APP. Sírvase un vaso
de agua, empecemos: “a) Incorporación del
proyecto a la cartera de Proinversión por Acuerdo del Consejo Directivo (CD).
b) El equipo del proyecto prepara Plan de Promoción y Convocatoria del proceso
para ser aprobado primero por el Comité Especial (CE) y luego por el CD. c) En
paralelo, de corresponder, el equipo prepara bases de contratación de asesores
externos para estudios de ingeniería, banca de inversión y promoción comercial
para ser aprobados por el CE. d) Con asesores contratados se inicia en paralelo
la preparación de bases del concurso y primera versión del contrato para ver
aprobados por el CE y la versión final por el CD. e) Las bases y versión de
contrato tienen varias revisiones que son circuladas para opinión de la entidad
dueña del proyecto, potenciales postores y algún regulador económico,
interviniendo el MEF y la Contraloría
General de la República cuando hay cofinanciamiento. f) Adjudicación de la
buena pro cuando ya no hay observaciones de ninguno de los entes mencionados, y
g) Firma del contrato”. La tramitología en una de sus máximas expresiones.
Hay que reconocer cuando Illescas
menciona que sus argumentos son debatibles. Es mejor que lo admita. Illescas
habla sobre la necesidad de lograr un debate alturado, libre de análisis
superficiales que nos lleve al quid del asunto: la simplificación de los
procedimientos. Si bien es un artículo de defensa, hubiera sido espléndido que
presente argumentos más sólidos que demuestren sus intenciones de cambiar la
situación y no acudir al viejo argumento del reconocimiento internacional. Por
otro lado, su mención de la aprobación de 8 proyectos, de 25, siendo todos
estos del año pasado, no logra cambiar la percepción negativa que ensombrece a
Proinversión. Prialé ya sabrá por dónde atacar.
Tercer round: nocaut
Prialé parece estar acostumbrado,
y cansado, de estas respuestas. Él comprende la complejidad de los procesos y
sus variados componentes que invitan al nerviosismo. Los procedimientos son más
complejos mientras más complejos sean los proyectos y los escollos en la
“tubería de proyectos” son una suerte de mal moderno entre empresas y estados
que es ampliamente conocido y debatido. Pero: “ni Proinversión es la única
entidad de ese tipo en el mundo que recibe críticas por esos motivos, ni el
resto del mundo desarrollado y en vías de desarrollo está libre de discusiones
similares”. Sin las peculiares tácticas de Natalia Málaga, Prialé desahueva a
Proinversión.
Dice también que las respuestas
que Proinversión da, a modo de defensa, sobre lo incomprendido y difícil de su
gestión no ayudan mucho a salir adelante las inversiones. De eso no se trata. “Para
los usuarios de los servicios que brinda Proinversión no es consuelo escuchar
de sus responsables, una larga lista de trabas o inconvenientes que les impida
alcanzar sus metas o avanzar con los procesos”, estaca un Prialé rotundo.
De lo que se trata, y con la cual
se está de acuerdo, es de un diálogo abierto, de tú a tú, de respeto en la cual
las partes concilien y se lleguen a acuerdos. Es estar dispuesto a un
equilibrado intercambio de opiniones en donde se lleguen a consensos.
Interesante que se diga esto, viniendo de alguien del alto sector del
empresariado. Prialé, como figura importante de la CONFIEP, ojalá imbuya de
este espíritu de diálogo a un gremio que es altamente conocido como cerrado y
caprichoso con sus deseos. En horas donde existe un cambio de administración,
resultaría provechoso para el país que se de este cambio de mentalidad. Para
ser justos, en todos los ámbitos del país.
Prialé continúa, y con esto la
desvirtuada imagen de Proinversión va cayendo en pedacitos. Son sendos y hasta
crueles los ejemplos en los que el mencionado incurre. Pero ciertos. Con un
mínimo de 21 meses y un máximo de 95 meses de aprobación de toda una amalgama
de proyectos, solo queda confirmar lo que los participantes de este debate
mencionan: que Proinversión es tajantemente lenta.
Que las razones de esta maraña
vayan por el temor de los funcionarios de que caiga sobre ellos alguna denuncia
-adicional a esto la desconfianza pública sobre las licitaciones- o que el
objetivo de Proinversión sea que “no se gaste mal” en vez de velar por que se
gaste bien y rápido, dice Prialé, solo contribuirá a la cerrazón del diálogo y
que la plácida burocracia vea abultados sus bolsillos y el entorpecimiento de
obras públicas siga siendo su sostén.
En tanto, nada o poco se realiza,
y quienes más las sienten no saben a quién ni dónde acudir. Es así como están
las cosas. La brecha no se cierra y uno de los puntos cruciales, la búsqueda de
soluciones, parece encaminarse, en un ruinosa vía, junto a ella.
Fuente: Gestión
