A ellos no les importa mucho lo
que sufren los escolares en la caótica zona del VRAEM, donde las FF.AA. han
apostado sus cuarteles en los precarios centros de educación. Balas perdidas,
fruto de emboscadas terroristas, en cualquier momento podrían fulminar una
inocente vida humana. La denuncia fue presentada hace un año, pero hoy la
situación es el mismo.
En realidad, el Ejecutivo poco
interés muestra por desarrollar una juiciosa campaña contra la problemática del
VRAEM. Incluso, Jaime Antezana, el tantas veces citado experto en temas de
narcotráfico y terrorismo, ha dicho que la lucha no va tanto por erradicar el
terrorismo, sino que el problema principal incide en el narcotráfico. Esto le
ha valido críticas desde las altas esferas calificándolo meramente de
“opinólogo”, un apelativo que mejor le calzaría a ciertos opinantes de los
grandes medios que sí gozan de efectiva resonancia en la cosa pública. El Perú,
volviendo al tema anterior, es considerado el principal productor de pasta
básica de cocaína en el mundo.
El último incidente ocurrido en
el VRAEM, donde fuerzas del ejército balearon a una camioneta creyendo que en
su interior habían terroristas, es un gran ejemplo de lo dicho con
anterioridad. El día 6 del presente mes, rebotó con fuerza en los noticiarios
la nueva de que una patrulla mixta acribilló un vehículo de transporte público
cuando este se dirigía por la carretera que une Kepashiato con Quillabamba,
capital de la provincia de La
Convención, en Cusco. El almirante José Cueto Aservi, jefe del Comando
Conjunto, y Pedro Cateriano, ministro de
Defensa, indicaron que la intervención respondía a una estrategia diseñada
con anticipación para atacar a una columna de 12 terroristas. El desencadenante
fue, según la fuente oficial, el avistamiento de un terrorista en el techo del
carro que disparó a la patrulla. Los tripulantes, sin embargo, resultaron
civiles. 14 de ellos, entre los cuales se encontraban 2 niños, fueron gravemente
dañados por las balas y esquirlas. Rómulo Almirón, chofer de la camioneta y que
vino a Lima para exigir justicia, contradijo la tesis del oficialismo. Dijo que
él mismo subió al techo para acomodar los bultos y que no tenía información de
ninguna restricción expedida por el Ministerio de Defensa a que pasen los
carros por esa zona de 10 pm. a 5 am. Restringir no es prohibir, pero ay de
quien ose a faltar a la norma en el VRAEM. Almirón fue al Congreso para pedir
indemnizaciones para los heridos y recuperar su auto, el cual es motivo de
análisis para comprobar que es un bólido perteneciente al narcotráfico. En
cuanto a las indemnizaciones, Cueto Aservi en un primer momento estuvo
reticente. Incluso dijo “que no fueron ellos quienes provocaron el incidente”.
En contraparte, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, se mostró en favor
de que los heridos reciban compensación alguna por este traspié.
Jaime Antezana, por otro lado, ha
desmantelado la argumentación oficial. En una entrevista concedida a El
Comercio, el especialista indicó que no hay lugar para calificar la operación
como antiterrorista. En primer lugar, porque los terroristas se mueven en
grupos de veinte y por tierra. Además, el arma ecuatoriana encontrada,
utilizada como prueba de que un terrorista era parte de la tripulación, fue
retrucada por Antezana pues los narcoterroristas utilizan fusiles AKM y Galil
desde el 2011. El arma ecuatoriana puede pertenecer probablemente a un
“mochilero” de la ruta de la droga.
¿Qué se tiene a fin de cuentas?
Como sostiene Antezana, el objetivo de la patrulla era intervenir la camioneta
pues tenían conocimiento de que por esa ruta se trasladaría un importante
cargamento de droga. Así, la lógica de enfrentamiento estaba más relacionada a
la de una operación antidrogas que a la de un combate. Se deduce entonces que
las FF.AA. están privadas de participar de estas acciones.
Sin embargo, la “inusitada” decisión
de las FF.AA. al parecer distan mucho de cubrir una actividad que está
restringida a la PNP. Indica Antezana tres “razones subalternas”: la primera
consistiría en decomisar el cargamento de droga y presentarlo como un duro
golpe al narcotráfico, a pesar de estar impedidos de participar en esos menesteres.
La segunda, decomisar parte de la droga y dejar pasar el resto; con la
posterior reventa de droga. Tercero, cobro de cupos proporcionales a la carga
de droga. Hay antecedentes de los dos últimos. Sería una hazaña saber del
primero. El Ejecutivo no ha mencionado los móviles de la operación, eso alienta
las sospechas de Antezana.
Vemos aquí un panorama
complicado. Rebeca Diz, de Hildebrandt en sus trece, nos ha recordado que desde
hace 8 meses no se dan los resultados de la investigación que revelen a los
autores del asesinato de la niña Sorayda
Casos Asparín. Es para recordar aquel operativo del VRAEM en la que
triunfantemente la primera dama y la ministra de la mujer se presentaron con
los hermanos de Soraida ante la prensa, en una mórbida muestra de victoria
contra el terrorismo. Los pequeños eran presuntos pioneritos y los padres de
ella infames terroristas de la zona. Conviene decir que nada de esto era
cierto, que los niños ni los padres tenían que ver con el terrorismo y que para
rematar la niña fue ultimada con una bala de las propias fuerzas armadas. Para
borrar cualquier sospecha que embarre el supuesto “golpe al terrorismo” el
cuerpo fue arrojado a un barranco. 8 meses después las investigaciones parecen
estar archivadas. No hay celeridad por descubrir a los culpables, nada se ha
dicho de este maldito acontecimiento.
El día de hoy, La República
publicó un informe sobre la muerte de dos miembros de la policía en Cielo
Punko, sitio que está en el medio de Kepashiato y Kimbiri, ocurrida el 13 de octubre
del año pasado. En una operación de inteligencia, 5 policías se dirigían a
Kepashiato para rastrear una “movida” del narcotráfico. El operativo era
encubierto y solo tenían conocimiento de él los superiores, además los policías
estaban vestidos de civil. Una hora antes de llegar a su destino, la camioneta
fue abordada por 15 sujetos armados. El resto es historia.
Partes policiales informaron en
ese momento a los familiares de los suboficiales muertos, Michel Civiris y
Henry Santa Cruz, que los autores del crimen eran terroristas. Sin embargo, los
cartuchos encontrados eran de calibre
16, que son las que utilizan mayormente los campesinos de la zona. Los Kalil o
AKM son de pertenencia terrorista.
Esto ha desatado las preguntas y
sospechas de los familiares. Añádase que el mismo parte policial pone en
conocimiento que los heridos del ataque terrorista fueron buscados para
rescatar por una cuadrilla de 20 efectivos y un helicóptero. El informe de La
República cuestiona esto, pues un video del rescate revela que esto es mentira.
El rescate fue obra de miembros del serenazgo de Kimbiri. Ante la presentación
del informe Wilfredo Pedraza, de la cartera del Interior, ha dicho que él mismo
investigará.
La realidad del VRAEM es
lamentable. Los mismos efectivos, según un pasado reportaje de Hildebrandt en
sus trece, son quienes se tienen que comprar sus implementos de combate. Por
otro lado, el que se critiquen las mediocres actuaciones solo causa respuestas
del tipo “están desmoralizando a las tropas”, como dijo alguna vez José Cueto
Aservi, el susodicho jefe del Comando Conjunto. Mientras tanto la población del
VRAEM sigue acorralada entre dos frentes y el gobierno no parece tener
intenciones de revertir o cambiar esta situación. El enemigo, definitivamente,
está en casa.
Fuentes: Hildebrandt en sus
trece, El Comercio, La República
19/05/13
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