A fines del año que se fue, el
economista Carlos Paredes, investigador principal del Instituto del Perú,
presentó una investigación que describía la situación actual del sector pesquero. En ella se pudo
apreciar, una vez más, la riqueza de nuestro mar (somos el segundo país pesquero más importante del mundo). Sin
embargo, de parte del sector nacional poca importancia se le da al beneficio
que la naturaleza nos dio.
El trabajo del investigador
relataba la ausencia de responsabilidad de parte de la Administración pesquera
por gestionar bien su sector. Con derechos
de pesca caracterizados por la carestía de criterios claros, sin sustento
económico, “la corrupción, el lobbysmo y la improvisación”, además de estar
proporcionalmente en desacuerdo con la alta productividad, el resultado es que
lo recaudado no se condice con la utilidad obtenida por los pesqueros. Estos,
por lo demás, exageran en el uso de su “cuota
de pesca” poniendo en peligro la sostenibilidad del recurso marino. Cabe
mencionar, asimismo, el hecho de que se subsidie la exportación de los
productos marinos en lugar de promover el consumo interno. Si usted se pregunta
por el alza de precios de, por ejemplo, el cebiche en relación a años
anteriores, quizá encuentre una respuesta en lo anteriormente descrito.
La investigación del economista fue
de gran ayuda para enterarnos del precario panorama que se vive en el sector pesquero.
Un hecho que revela el vivir del
sector pesquero fue lo acontecido en los últimos días, donde el Ministerio de
la Producción ha multado a, por lo menos, 6 empresas pesqueras. El motivo ha
sido la pesca indiscriminada de anchovetas juveniles, lo cual está impedido por
la normativa de conservación de pescado para consumo humano ya que la anchoveta
juvenil en ese estado no puede reproducirse y además sirve de alimento para
otras especies. No es hecho menor, pues, económicamente hablando, lo cometido
por las empresas supone una pérdida en costo
social de S/. 15 millones. La multa a los infractores asciende a S/. 7
millones, con lo cual claramente se ve quién ha perdido.
Desde la Sociedad de Pesquería
arguyen que fue un hecho involuntario. Pero según el análisis realizado por la
Dirección General de Supervisión y Fiscalización, las empresas implicadas
sabían lo que hacían, pues durante seis semanas se atuvieron a pescar
anchovetas juveniles dentro de los límites señalados (10%). Llegada la séptima
semana oscilaron a un lejano 80%, con lo cual el equívoco del que hablan no es
más que una burda argucia.
Las medidas a adoptar desde la
cartera de Producción no se han hecho esperar. Gladys Triveño, titular de
Producción, propone retirar licencias a las empresas reincidentes. De otro
lado, el viceministro de Pesquería, Paul Phumpiu, enfatiza en reforzar el
sistema de inspecciones. Esto indudablemente ayudará en la prevención de actos
irregulares pues cada embarcación llegaría a contar con un inspector. Hay clara
voluntad entre las cabezas de Producción por que no se siga avalando más hechos
de tal nivel.
Lo sucedido ocurrió en un
contexto de alza de precios internacionales de harina de pescado. La ambición
desmedida de algunas empresas irresponsables ha puesto en peligro el ecosistema
marino. Es de suma gravedad lo acontecido. Por ello, es indispensable un mayor
seguimiento a lo que transcurre en nuestro litoral peruano. Hay trabajos que
evidencian la realidad del sector. Problemas dentro y fuera. El Produce tiene
la palabra.
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